El inspector laboral que está al cargo del caso Edimpres debe materializar el cobro de 3,2 millones de dólares que el ‘Diario Hoy’ tiene pendientes en liquidaciones con sus extrabajadores. Y para hacerlo, ha extendido tanto sus atribuciones legales que se ha salido de lo que contempla el ordenamiento jurídico.

A base de providencias, el funcionario dispuso este 14 de septiembre -y ratificó el miércoles 21- congelar las cuentas y bienes de 263 accionistas -minoritarios incluidos- para asegurarse el cobro de los 3,2 millones ante la imposibilidad percibida de que Edimpres, la empresa responsable, se haga cargo de las liquidaciones laborales.

Para los abogados consultados no hay matices a la hora de valorar su comportamiento: es “abusivo”, “inconstitucional”, “ilegal” e “inaplicable”. No hay manera de interpretar la ley, sin llegar a retorcerla, para admitir que un funcionario laboral pueda transmitir esa deuda de trabajo a los accionistas, como efectivamente hizo el inspector, según adelantó ayer EXPRESO. Es decir, la autoridad laboral no puede levantar el velo de la empresa y dirigirse contra los accionistas en busca del dinero. En eso coinciden los juristas Jorge Zavala Egas y Galo García Carrión.

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